Toma y daca le dicen

La democracia otorga derechos y deberes a todos los ciudadanos. A todos.

Pero si hay un ciudadano o ciudadana que debe ser ejemplo de rectitud republicana y decoro constitucional, ese es el mandatario o mandataria de un país, de una provincia o de un municipio.

Cuando un gobernante hace lo que se le antoja con la Constitución, cuando firma decretos que van en sentido contrario a la unidad nacional, cuando gobierna y legisla para las corporaciones económicas y mediáticas y no para su pueblo, cuando quita derechos en lugar de ampliarlos, es cuando los gobernantes cometen  mala praxis contra la democracia y contra los intereses de la sociedad.     

Eso, exactamente eso, es lo que vienen cometiendo el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri y el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.

El problema se agrava cuando pretenden cercenar derechos colectivos, como acontece con los decretos de ambos mandatarios para favorecer al Grupo Clarín. Mucho más cuando se olfatea que esta politiquería es una devolución de favores económicos y mediáticos.

Clarín los cubre y ellos cubren a Clarín.

Toma y daca le dicen.

El dirigente cordobés y titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Alberto Cantero, manifestó que el gobernador De la Sota “garantiza diez millones de pesos mensuales al Grupo Clarín” con la clausura de la antena de la Televisión Digital Abierta (TDA) en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

“Córdoba es la única provincia que no ha designado representante ante el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que es el espacio donde se debate y se proponen políticas públicas de comunicación”, dijo Cantero; por eso consideró poco serio que emita un “decreto inconstitucional” con el presunto objetivo de garantizar la libertad de prensa.

“De la Sota trata de generar efectos políticos mediáticos para tratar de tapar serios problemas que tiene en la provincia”, concluyó Cantero.  

En Buenos Aires, en tanto, la Legislatura local inició el tratamiento del decreto de Macri. O de Clarín, se igual.  

Supongamos que le den los números al PRO para imponer el decreto: ¿qué pasaría con Buenos Aires en relación al país federal? ¿Se alzaría contra la Constitución, contra las leyes vigentes, contra el orden democrático? ¿Rompería la integridad territorial, acaso?

Es posible que esto sea apenas el boceto de un programa común de la derecha para las próximas elecciones.

“Está en juego el modelo de transformación del país” sostuvo ayer el ministro Julio De Vido.

La mala praxis engendrada diariamente por los opositores le da toda la razón.

El país empieza a debatir en serio: O volvemos a los años 90. O consolidamos esta década ganada. 

Nosotros ya optamos.

El Argentino, martes 21 de mayo de 2013