La democracia dará hoy uno de sus saltos de calidad
participativa más trascendentes en estos últimos treinta años.
Mira lo que te digo.
Cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner cierre
hoy por la tarde el Congreso Nacional sobre la Democratización de la Justicia,
la sociedad estará dando un brinco hacia un país más justo, más participativo, más
transparente y más legítimo.
El encuentro reunirá a magistrados, fiscales, juristas,
abogados, legisladores y familiares de víctimas que debatirán sobre los
alcances de la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo y
recientemente aprobada por el Poder Legislativo.
Debatirán los temas que atañen al sistema judicial y que
preocupan al conjunto de los ciudadanos.
Decir que participarán, además de las máximas autoridades
políticas y judiciales del país, representantes de las causas judiciales más
emblemáticas de la Argentina, otorga un certificado de autenticidad ciudadana
sin precedentes.
Estarán presentes en los
debates Susana Trimarco, de la Fundación María de los Ángeles; Viviam
Perrone, de la Asociación Madres del Dolor; Pablo Ferreyra, hermano de Mariano
Ferreyra; Sergio Burstein, de la Asociación 18-J y Estela de Carlotto, titular
de Abuelas de Plaza de Mayo.
Finalmente, a las 18.30, hablará la Presidenta.
Para quienes eran detenidos por la represión en tiempos de
la dictadura, la secuencia “procesal” era siempre la misma.
Si no los desaparecían, los llevaban a la sesión de tortura
una y otra vez y al cabo de varios días eran depositados en calabozos de
aislamiento en los que recibían la visita del juez y sus secretarios.
Los jueces sabían todo. Los secretarios también. Eran parte
del infierno y su sistema de aniquilamiento. Su función consistía en darle un
viso legal a la confesión obtenida a través del “auxiliar” más eficaz que la
justicia tenía en ese tiempo: la picana eléctrica y otros instrumentos de
tortura medieval.
El juez Abel Córdoba, del Chaco, es uno de los casos
emblemáticos de aquel perverso sistema. Su “señoría” escuchó de muchos presos
de la dictadura la denuncia angustiante sobre la suerte corrida por sus
compañeros en la masacre de Margarita Belén.
Y el juez respondía lacónica y cínicamente: “No es de mi
competencia”. Si alguien le aceptaba el argumento, pero que le rogaba que como
hombre de justicia traslade la denuncia a otro magistrado para que se
investigue sobre tan doloroso hecho, el juez volvía a responder: “No es de mi
competencia”.
Ese modus operandi del terrorismo de estado selló el
derrotero del sistema judicial hasta nuestros días. Y que nadie se haga el
asombrado.
De allí venimos. De allí empezamos a salir.
Es para celebrarlo.
El Argentino, martes 14
de mayo de 2013
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