La empresa Repsol
aprobó por unanimidad la propuesta que presentó la Argentina por la
expropiación de YPF.
Con el
camino legal despejado, nuestra empresa nacional se apresta a seguir avanzando
en el propósito de lograr, más temprano que tarde, la plena soberanía
energética para nuestro país.
El de ayer
fue un día más que movidito en materia informativa.
Senadores y
Diputados trabajaron a tiempo completo.
Se sancionó
finalmente la ley de reparación para los ex presos políticos, sociales y
gremiales de la dictadura. Fue un largo camino que buscó reparar en algo los
dolores sufridos por aquellos hombres y mujeres que habitaron las cárceles y
los calabozos en tiempos del terrorismo de estado.
En un orden
muy diferente, se conoció una nueva declaración de la diputada Elisa Carrió que
avergüenza a las fuerzas de la democracia en su conjunto; sean estas
oficialistas u opositoras. Léala completa si le fuera posible. Es una clara
muestra de intolerancia y desprecio por el otro, por la diversidad y por el
prójimo.
Creemos que
los conceptos vertidos no hablan mal sólo de Carrió, sino de quienes la
estimulan mediáticamente a seguir cometiendo estos reiterados bochornos. La
democracia se infringiría un severo daño si naturalizara estas conductas
antisociales cometidas paradójicamente por aquellas personas que por su
responsabilidad institucional debieran colaborar en la defensa de la paz, el
respeto y la convivencia civilizada y republicana de la sociedad.
La otra
noticia impactante tiene relación con la investigación que se está cerrando sobre
el Grupo Clarín.
En
simultáneo con la causa judicial que se les sigue por la apropiación ilegal de Papel
Prensa, por presunto crimen de lesa humanidad, se suma ahora la denuncia penal
por lavado de dinero contra los principales accionistas del monopolio mediático
que ayer hiciera el Área Operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(PROCELAC).
La denuncia
contra Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, José Aranda y Lucio
Pagliaro, es muy grave, al punto que la Procuraduría solicita investigarlos por
la transferencia a un banco de las Bahamas de más de 3 millones de pesos en
octubre de 2008, un día después que el Grupo Clarín fuera denunciado por
maniobras ilícitas en la venta de acciones de las ex AFJP.
¿Se acuerdan
que la consigna opositora entonces era que el gobierno buscaba quedarse con “la
caja” de los jubilados?
La verdad,
como la justicia, tarda pero llega: entre “la caja” y “las bóvedas” sólo queda
de cierto el millonario saqueo que los grupos económicos, como Clarín, hicieran
con el ahorro de los trabajadores.
El
Argentino, jueves 28 de noviembre de 2013
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