domingo, 24 de marzo de 2013

La memoria del pasado en el vientre del futuro



En la cárcel de Resistencia, Chaco, aguarda su condena el último genocida preso por la Masacre de Margarita Belén, el ex capitán de Inteligencia Norberto Tozzo.
Se había fugado del país con la colaboración de la corporación judicial hace algunos años, capturado luego en Brasil y traído finalmente a la Argentina.
Cuando aún revistaba en las filas del ejército se jactó de haber sido el responsable de la eliminación lisa y llana de las últimas conducciones montoneras de la región litoral.
Se olvidó o no pudo o no supo eliminar la memoria que quedaba en pie aún después de la muerte y el olvido de algunos.
Esa memoria es la que aportó las pruebas a la justicia que permitieron comprobar su participación en la Masacre de una treintena de prisioneros políticos de la dictadura.
Hoy se hace justicia.
Este caso es una metáfora casi perfecta de la época que vivimos  los argentinos.
Mucho más si al prontuario del criminal preso le agregamos sus dotes de “periodista” y “dueño de medios” durante su fugaz bonanza de indulto, obediencia debida y punto final.
Mató, se enriqueció, huyó y lo apresaron, sería la secuencia de esta trama siniestra.
La justicia será implacable mientras la memoria lo sea. 
Es justo decir también que así como los corporativos de la justicia lo liberaron en el momento de mayor impunidad, otros hombres del mismo sistema judicial, como el querellante Mario Bosch y los fiscales Jorge Auad, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay, entre otros, hoy limpian el honor manchado por sus antiguos colegas posibilitando esta instancia final de la condena.
Es un motivo más para celebrar en este Día Nacional de la Memoria.
En esos rincones de luz memoriosa que son los juicios por lesa humanidad, se escucha el dolor de los testigos pero también se oye el clamor unánime para que se ejerza una justicia plena que condene en tiempo y forma a todos los genocidas y a todos los  cómplices que montaron la escena de aquellos aberrantes crímenes.
Algunos acusados son ex uniformados y otros, civiles siempre agazapados en estos largos años de democracia. 
Quienes tuvieron el coraje de testimoniar y enjuiciar al que gatilló y al que masacró amparado en su fuero blindado de señores de la vida y de la muerte, tienen sobrados motivos y derechos para reclamar que también sean sentados en el banquillo de los acusados los civiles que apañaron y en algunos casos condujeron el terrorismo de estado en el campo judicial, sindical, religioso, político, periodístico o el que fuera.
Desde esa misma convicción y derecho, no son pocos los que creen que llegó la hora de advertir serenamente que debemos evitar la tentación de fijar en el terreno del pasado la exclusividad de la memoria y la justicia.
Los juicios deben proseguir, ampliarse y permanecer hasta que el último de los criminales sea juzgado como manda la ley y la conciencia de un pueblo.
Pero habrá que poner mucha voluntad para apurar el cierre de ese ciclo con Memoria, Verdad y Justicia. Es preciso empezar a valorar socialmente y desde el mismo pie de nuestra memoria colectiva, la necesidad y la urgencia de revalorizar la plena vigencia de los derechos humanos, así en el pasado como en este presente donde la certeza de estar construyendo un país mejor, más inclusivo y más justo se mal combina a veces con la incertidumbre que crea la acechanza de torturadores amparados por un sistema policial y judicial que pareciera anclado en aquel tiempo feroz donde mandaban tipos como Tozzo.
En la semana que pasó, la Defensora General de la Nación, doctora Stella Maris Martínez, convocó a una mesa de debate contra la tortura en el predio de la ex ESMA. Estuvieron presentes la Procuradora Alejandra Gils Carbó, el Secretario de Derechos Humanos  Martín Fresneda, Madres, Abuelas, Hijos y organismos como el CELS y la Comisión de la Memoria de la Provincia de Bs. Aires.
Conmovió el cuadro de situación social descripto por la Defensora al decir que la sociedad se interesó y preocupó más por la campaña difamatoria de Clarín y compañía ante la “presunta libertad” de presos condenados, que por las escenas filmadas en una comisaría de Salta mientras torturaban a dos adolescentes, casi niños.
Allí hay que poner el acento, en la defensa plena de los derechos humanos en toda su integridad.
El país que juzga a los genocidas y establece la Asignación Universal por Hijo no se merece que la tortura y los torturadores sigan tan campantes como en tiempos de la inquisición y la exclusión social.
Iniciativas como estas alientan y redoblan el esfuerzo en esa dirección, al igual que las designaciones de la Procuradora General designando en la Procuraduría contra la Violencia Institucional al fiscal Abel Córdoba y en la de Narcocriminalidad al fiscal Félix Crous. Son claros propósitos que ayudan a configurar una nueva justicia que sirva a la sociedad, que la defienda, que la proteja y que castigue con el máximo rigor de la ley a quienes intenten siquiera violar la integridad física y moral de las personas.  
La presencia de la presidenta de la Nación en la inauguración de un centro de investigación, arte y deporte en la tristemente célebre “Mansión Seré”, usada por la dictadura como centro de detención clandestina, está diciendo que la memoria fructifica en estos avances que empiezan a constituirse en patrimonio cultural del país que hoy se construye.
Las Madres de Plaza de Mayo, con su Radio renovada y con todas las obras que construyeron en estos años, alumbraron este camino de reparación y transformación.    
En fin, la renovación y democratización de la justicia en la que están empeñados jueces, fiscales, defensores y juristas de Justicia legítima, encuentra su razón de ser en estos grandes objetivos éticos, en la campaña contra la tortura, contra la trata de personas y el trabajo esclavo.
Hay que redoblar el esfuerzo por cambiar la vida de los más humildes haciéndola más justa e inclusiva, dijo Cristina desde Morón.
Sólo así la memoria no correrá riesgo de convertirse en una pieza de museo.

Miradas al Sur, domingo 24 de marzo de 2013