El 13 de diciembre de 1976 la dictadura cívico militar ejecutó
en la provincia del Chaco la Masacre de
Margarita Belén.
Allí fueron fusilados, luego de ser salvajemente torturados,
más de veinte militantes peronistas.
El testimonio de ex presos políticos sobrevivientes, posibilitó
que fueran juzgados y condenados la mayoría de los ex militares y civiles
responsables directos de esa tragedia.
Se sabe mucho de los militares que participaron; pero no
tanto de los funcionarios judiciales que, a modo de “campanas” de la banda criminal,
encubrieron las huellas de la Masacre.
Ese modus operandi de la corporación judicial en el
terrorismo de estado, esa complicidad de jueces, fiscales y secretarios con los
genocidas, ese olor pestilente a impunidad y muerte que aún despiden los
pasillos tribunalicios, es lo que hoy se sienta ante el banquillo de los
acusados de una sociedad que no sale de su estupor e indignidad por el fallo
absolutorio de la justicia tucumana en el caso Marita Verón.
Los jueces de la impunidad no bajaron de los barcos.
Bajaron de los restos del naufragio de la dictadura.
Decir que fueron nombrados por la dictadura no alcanza sino
se agrega que fueron parte de ella.
Los testimonios en los juicios por delitos de lesa humanidad
abundan en pruebas al respecto.
Allí está la imagen del ex juez Córdoba, el ex fiscal
Mazzoni, el ex secretario Flores Leyes y el ex prosecretario Reska del juzgado
federal de Resistencia, compartiendo un asado con los asesinos que festejaban su
crimen en el mismo lugar de la Masacre, horas después de la matanza.
Si hay una pintura impresionista de la impunidad judicial es
esa: un juez y sus auxiliares masticando carne asada al lado de los cadáveres aún
calientes de los fusilados.
Y hasta aquí llegamos.
Con una corporación de jueces que reciben dádivas y fallan a
favor del monopolio más poderoso de la comunicación. Y que después de recibir
el repudio masivo de una Plaza de Mayo llena de memoria, verdad y justicia,
produce este fallo en Tucumán.
De nada valieron las docenas de testigos que declararon
haber visto a Marita prisionera de una red de tratas.
De nada valió el testimonio de esa digna y ejemplar madre
que es Susana Trimarco.
De nada valió la actitud de 200 magistrados que salieron al
ruedo a decir que la justicia debe independizarse del poder económico y volver
a amistarse con la ciudadanía.
De nada valió la palabra de la Presidenta de los 40 millones
de argentinos.
Cierran los ojos ante las víctimas, mientras firman la
absolución de los delincuentes.
La cría judicial de la dictadura sólo será derrotada con más
y mejor democracia.
Que sea pronto.
El Argentino, jueves
13 de diciembre de 2012
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