Las barriadas más humildes están de fiesta. Y los niños están entre los más contentos.
Es apenas una reparación, dijo la Presidenta cuando anunció el decreto que “establece una Asignación Universal por Hijo para Protección Social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina, que no tengan otra asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal”.
Así reza el artículo 1 de este decreto presidencial que incorpora el inciso c) a la Ley 24.714.
Pero a la par del festejo, es preciso hacer docencia militante, cuadra por cuadra, casa por casa, para entender el profundo significado de la medida anunciada y desmontar las tristes infamias de las minorías opositoras. Allá vamos.
1. La historia dice que es la medida de mayor impacto social positivo después de las instauradas por los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón en adelante. Ello es fruto de la universalidad en el alcance. Es decir, no habrá trabajador, cualquiera su condición laboral, desocupado o informal, que deje de percibir esta asignación. No queda nadie afuera.
2. Seguramente no elimine la pobreza, pero sí dará combate frontal a la indigencia, que es la peor, la mayor y la más dolorosa de todas las pobrezas. El referente social comunitario, Juan Carr, opinó que quizás ahora se esté más cerca de alcanzar la meta del hambre cero para los argentinos.
3. La asignación de 180 pesos por hijo va acompañada por la garantía de la inclusión en el sistema educativo y el de salud pública. Vale decir que no expresa un concepto meramente asistencialista, donde el Estado actúa como un dador pasivo de una suma fija. La asignación está comprendida en la cosmovisión que sólo otorga el trabajo decente y digno y su consecuencia inmediata, la inclusión social integral de la ciudadanía en sus distintas franjas etarias.
4. La fuente y el sostén económico de los 10 mil millones de pesos que demandará el otorgamiento de este derecho universal, provendrán de la renta derivada del ahorro de los trabajadores, administrados por la ANSES. Usted escuchará en estos días la maliciosa campaña opositora y mediática que indica que “le están sacando la plata a los jubilados”. Claro, como ellos lo hicieron en épocas de Menem y de De la Rúa con la quita del 13 % en los haberes jubilatorios, cometen el acto fallido del ladrón que cree que todos son de su misma condición. Es el ahorro de los trabajadores que vuelve a los trabajadores y se comparte solidariamente con los hermanos que mas precisan.
5. Esos 10 mil millones se volcarán a su vez al consumo interno, a la demanda de bienes básicos, al estímulo de nuevos empleos y diversidad productiva.
6. Nótese que en el inicio de la nota dimos cuenta que se trata una medida de gestión asentada sobre una Ley vigente, la 24.714. Dos consideraciones al respecto: hacerlo así, constituye esta decisión presidencial en una medida de carácter permanente, amparada por la legislación vigente, y por otra parte, hace caer en el absurdo a las voces opositoras que reclamaban por una ley. Primero muerden, y después preguntan. Esa es la actitud opositora. Si se hubiesen tomado el trabajo de leer lo dispuesto, posiblemente los hubiese asistido el pudor antes que esta nueva vergüenza.
7. El padre y/o la madre que reúne las condiciones previstas por la ley, se presenta con los certificados de escolaridad y de salud requeridos y directamente la ANSES le otorga bancariamente la asignación universal.
8. Entonces, ¿De qué clientelismo habla la oposición? ¿Dónde está el intermediario que se quedará con el dinero de los pobres, como dicen? Un poco de cordura no les vendría nada mal.
9. Es necesaria una pedagogía integradora al momento de relatar estas medidas, para poder contextualizarlas correctamente.
10. Todas conforman el marco de un modelo de país que avanza con decisión y desde la esperanza reparadora, hacia el Bicentenario de la Patria.
Jorge Giles. El Argentino. 01.11.09
1 comentario:
Sr. Giles:
Me parece una medida muy positiva, como buena parte de las que ha tomado el gobierno. Sin embargo, un diseño e implementación que juzgo desastrosos, y argumentaciones de una endeblez llamativa me tientan a efectuar los siguientes comentarios a su exégesis:
1- La Presidente manifestó que excluiría a los trabajadores informales que ganen más del salario mínimo. Sigo preguntándome cómo puede probarse eso. Y más aún, quién arriesgaría su ya precaria condición laboral para aseverar tal cosa, sin ninguna garantía concreta de que el estado esté dispuesto a combatir el trabajo no registrado. Tampoco están incluidos los monotributistas, (salvo que no se los considere "trabajadores"), muchos de ellos forzados por la propia parsimonia del gobierno a continuar en esa condición cuando deberían estar trabajando en relación de dependencia.
2- No sé de quién es referente Juan Carr... por lo visto, no es suyo ni del gobierno. Tampoco mío, pero por otros motivos. De todos modos, el nulo interés de este gobierno al llamado "tercer sector" vuelve risible cualquier apelación al mismo.
3- No veo cómo se puede garantizar la inclusión social en salud y educación, cuando las prestaciones públicas en todos los niveles de gobierno son insuficientes y precarias.
4- Estoy de acuerdo con usted en que es malicioso referirse a los fondos de la ANSES como "la plata de los jubilados". Igualmente canalla es justificar (con un argumento cercano al anterior) que la plata de los trabajadores sostendrá el plan, en una grotesca apelación tácita a la solidaridad de clase tutelada desde el Estado. Y elevando el grado de cinismo, la Presidente afirmó que el capital financiero se podría ver tentado a abandonar el sistema bancario de implementarse un gravamen, y que el mismo no alcanzaría a cubrir un 5% de la inversión requerida. Extraña afirmación refrendada por Boudou: tomando los propios números del presupuesto, la suma de exenciones a la renta de títulos públicos, acciones y plazos fijos de más de U$S 100.000, es mayor al GASTO en este plan, por lo que el total de la financiación sería asequible con un gravamen progresivo, y no con la colosal regresividad de un aumento del 80% al Monotributo, que ni siquiera opera sobre ganancia, sino sobre mera facturación (cuando no fuerza de trabajo). Los fondos del ANSES son del Estado, y desde la argumentación su uso en este plan es más irracional que la hipotética inversión en el fútbol.
6- Acuerdo con usted.
7- Misma objeción funcional que el punto 3.
8- No veo una amenaza directa de clientelismo, tampoco.
9- Pienso igual que usted, salvedad hecha de que debería ser el propio gobierno el que solidificara su estrategia comunicacional, aún siendo esta gran falencia una de las menos graves e incoherentes que le encuentro.
10- Si a la reparación se reduce el proyecto (y no veo cómo desmentirlo, no sólo a partir de su artículo), reafirmo que no es el mío.
Saludos en la disidencia.
Francisco Pérez.
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