Los monopolios mediáticos utilizaron brochazos de tinta roja para pintar un panorama caótico durante la semana que pasó. Como si un político de fuste, experto en el arte del barullo, los estuviera asesorando.
Quizás pronto se sepa quiénes son y dónde se cuecen estas habas venenosas.
Colaboran en el propósito, ciertas “vanguardias” que al saltar al vacío, vuelven al pecado original del desarraigo, tan funcional a los intereses de los más poderosos.
Si este maridaje prospera, perderán los más débiles, como la reciente historia enseña; ganarán las minorías violentas de distinto signo y los que no quieren que le toquen un centavo de sus jugosas rentas. Esta vez no pasarán. La madurez cívica del pueblo sabe apreciar y defender lo que está en juego en la Argentina.
No es extraño que quienes amenacen al gobierno popular con tomas y cortes, sean los mismos que acompañaron en las rutas y en el Parlamento a los patrones rurales durante el conflicto por la Resolución 125.
Es paradójico. Justo cuando se anunció la asignación universal por hijo, que constituye una medida de impacto social sin precedentes en los últimos cincuenta años, cuando avanza el plan de empleo cooperativo “Argentina trabaja”, cuando se aprobó la ley de comunicación que democratizará la palabra, ¿justo ahora actúan de correo de la patética y enajenada carta a las embajadas de Elisa Carrió?
Sería risueño, sino fuese indignante, volver a escuchar y releer las editoriales violentas de los grandes medios, exaltando unas veces, condenando otras, los desmanes producidos por grupos piqueteros o sindicales, opositores al Gobierno nacional.
Algo anuncia esta rara sensibilidad social y política de los voceros de los monopolios con la ira destemplada de algunos opositores.
El partido mediático cree contar nuevamente con la posibilidad de disponer de cierto anclaje social, propio o ajeno, para enfrentar al Gobierno.
Así ocurrió con el conflicto de los patrones rurales durante al pasado año.
Esta vez volvieron a quedar al desnudo las distintas líneas concurrentes que se manifiestan en la actual coyuntura, en el plano político y en el plano social.
Al conflicto de Kraft le siguieron otros conflictos virulentos como los ya mencionados y que fueran protagonizados por un sector de los trabajadores de Subterráneos y por los agrupamientos sociales que reclamaron la potestad en el manejo del plan de empleo a través de cooperativas de trabajo.
Una primera lectura indica el dato incontrastable del conflicto.
El otro dato gravitante sigue siendo la voluntad oficial de no reprimir ni de criminalizarlos. Así es desde la presidencia de Néstor Kirchner hasta el presente.
Pero pareciera que desde algún bunker donde anidan serpientes, promueven la provocación contra esta persistente conducta.
Lo singular de esta etapa radica en que las tensiones que producen las políticas de redistribución del ingreso, son asimiladas y procesadas por el propio gobierno nacional.
Los mayores ejemplos, como ya se dijo, fueron los conflictos con la patronal rural durante el tratamiento de la Resolución 125, la anulación de las AFJP y la consiguiente recuperación estatal en la administración del ahorro de los trabajadores y recientemente, el camino seguido por la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual.
El difundido “marco caótico” en verdad es una política de los sectores de poder, desplazados desde el 2003 y que resisten los cambios estructurales que encara el proyecto gobernante. Lo que no quiere decir que el conflicto social ni los bolsones de injusticia y exclusión estén resueltos.
El kirchnerismo, o como se quiera llamar al proyecto transformador, nacional y popular, rompió con la lógica de acumulación y mantenimiento de los partidos tradicionales. Desde ese momento de quiebre en la cultura política dominante, el proyecto transformador no cesó nunca de avanzar y profundizar los cambios.
Para los desmemoriados habrá que recordar que a la política de defensa irrestricta de los derechos humanos, la anulación de las leyes de la impunidad y el rescate histórico de los centros clandestinos de detención durante el terrorismo de estado, le siguió la decisión de Néstor Kirchner de ponerse al frente de los países latinoamericanos que abortaron el ALCA en la Cumbre de Mar del Plata, en las narices del mismísimo George Bush. Y habrá que recordar que al cambio de la Corte Suprema de Justicia le siguió el corte tajante en la dependencia vergonzante que arrastraba el país con el FMI y la recuperación de cuatro millones de puestos de trabajo.
Pero como el proceso siguió su marcha, la Presidenta Cristina Fernández, haciendo honor a su compromiso de campaña, “el cambio recién comienza”, encaró las transformaciones más importantes de esta etapa, siendo la última de ellas, la extensión de la asignación universal por hijo.
El cambio sucede en medio de un mundo en crisis donde las circunstancias externas no son favorables en sí mismas. Lo serán si hay una política que sepa aprovechar el nuevo horizonte que se abre. Caso contrario, el neoliberalismo más salvaje y financiero volverá a saltar sobre la yugular de nuestro mercado interno.
En definitiva, el proyecto de cambio avanza contra viento y marea por que sigue validando que es hijo de una época, pero en especial, por que se sabe hijo de la crisis del 2001.
Lo que a veces parecieran no querer ver algunos sectores de la oposición, sí lo ven y por eso mismo lo enfrentan, los medios de comunicación que representan los núcleos del poder más concentrado.
En este marco es dónde la mesura en el análisis de los distintos espacios que legítimamente pelean por sus ideas y reivindicaciones, debería ser un presupuesto básico que colabore en evitar que sean como otras veces en la historia, funcionales a los intereses de las clases dominantes.
Un simple seguimiento de las editoriales políticas escritas en los días que pasaron demuestra la similitud, hasta en el estilo periodístico, del mensaje de los medios opositores. Y allí sí es lícito creer que hay una fuente conspirativa en la elaboración de una política que estimula el conflicto para enfrentar a un Gobierno que encabeza la lucha por la redistribución del ingreso y la inclusión social.
La nueva etapa encarada por el Gobierno, siguió profundizando su curso con el proyecto de reforma política, el de la obtención del ADN y el relativo al Banco de Datos Genéticos, el nuevo DNI de los argentinos y el decreto presidencial que restituye el reconocimiento a la actividad laboral de los canillitas, derecho otorgado durante la primera presidencia de Perón.
Es interesante el debate abierto por la posible o la imposible vuelta a la presidencia del PJ de Néstor Kirchner. Encendió la alarma tanto en los campamentos de la derecha pejotista como en cierta progresía que se asusta cuando el peronismo se inclina hacia el centro izquierda del espacio político.
Seguramente la reforma política pondrá las cosas en su lugar a la hora de disputar pacífica y democráticamente las diversas ideas que representan los distintos intereses que anidan en la sociedad.
Es la nuestra una democracia que está viva y pujante como pocas veces antes.
Desde esta perspectiva, causan vergüenza ajena las actitudes de Carrió.
¿Nadie de sus huestes llegó a advertirle que apelar a los gobiernos extranjeros para denunciar violaciones irreparables en el plano nacional fue una práctica legítima y absolutamente necesaria durante la dictadura? ¿Por qué ofender de ese modo la memoria de un pueblo una vez más? Venía de ofender a los hijos de desaparecidos y a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en su defensa de la dueña de Clarín. Ahora terminó por ofender a la democracia de los argentinos.
En el pudor de no denunciarla penalmente por semejante agravio contra la memoria popular, los diputados del Frente para la Victoria, Dante Gullo, Agustín Rossi, Carlos Kunkel, Claudia Bernazza, entre otros, sí presentaron un proyecto de resolución legislativa rechazando y repudiando este nuevo desatino.
La semana empezó y terminó con el escándalo de las pinchaduras telefónicas del gobierno de Mauricio Macri. Quizás sea este el inicio de una espiral de gravedad institucional que lleve al colapso político de la derecha gobernante en la ciudad de los porteños. Todo un botón de muestra de lo que son capaces cuando gobiernan en nombre de sus intereses empresarios y no del pueblo que los vota.
Así como es creíble que en algún lugar se pergeña el discurso del caos y la inseguridad, es de esperar que las fuerzas populares y democráticas, con sus matices y legítimas divergencias, cultiven en tiempo y forma la imprescindible inteligencia de garantizar por cien años más la continuidad de un modelo de país para todos y no sólo para una minoría.
Decía Nicolás Casullo, que para tal propósito es necesario ganar la batalla cultural, organizarse en el territorio y acompañar sin dobleces la profundización del proyecto de país inclusivo.
Por ahí transcurrirá la construcción colectiva del Bicentenario patrio.
Jorge Giles. Miradas al Sur. 08.11.2011
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