Todo
sucede escandalosamente.
El
video que demuestra que el tren a Castelar no paró cuando debía hacerlo.
El
monumento mutilado de Colón en la Costanera sur de Buenos Aires, mientras el
otro monumento, el de la Casa Rosada, espera horizontal para que lo restauren y
lo pongan en el lugar que se merece.
“Me
dan vergüenza ajena”, diría Oscar Parrilli en relación al comportamiento del
PRO frente al abandono total de la ciudad.
El
presidente de Independiente recibiendo sillazos y otras agresiones por cumplir
sus funciones.
La
delegada de TN en la lista de Massa aclarando que ellos están más cerca de De
Narváez que de cualquier otro candidato.
Los
candidatos del radicalismo y sus socios amasando panes para ver si cuelan una
foto en los diarios.
Pero
al caer la tarde sucede la declaración del titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray, informando lo que sigue.
Y
aquí te quiero ver Cortesano.
El
Secretario Administrativo de la Corte, el que maneja la caja del Poder
Judicial, el contador que trajo Ricardo Lorenzetti de Rafaela para que le
administre los fondos, Héctor D. Marchi, se entrevistó con el titular de la DGI
para pedirle explicaciones sobre la presunta investigación y acoso de la AFIP
sobre miembros de la Corte, sus familiares y sobre su misma persona. Ajá.
La
DGI le responde que no hay nada al respecto. A no ser por un cruce de datos
sobre una operación comercial y financiera del propio Marchi con hijos de
Lorenzetti y una empresa extranjera. Ajá.
Y
Marchi que insiste personal y telefónicamente luego, reproduciendo el fétido aliento
que baja de Clarín y La Nación y casi amenazando que su jefe se vería con la
Presidenta para tratar el asunto.
Mirá
como tiemblo.
Marchi
presenta recién ese mismo día su declaración jurada. Ajá.
La
historia que siguió es conocida. La Corte Suprema emitió un escuálido
comunicado diciendo que iban a investigar qué pasaba con la AFIP.
Y
patatín, patatán.
Imaginémonos
por un momento una situación en la que el Poder Ejecutivo hubiese intervenido
de forma semejante a la Corte para encubrir a un funcionario suyo ante una
investigación judicial legítima. Escándalo. Y escándalo mayor.
¿Cómo
van a poner en juego al máximo tribunal de Justicia de la Argentina por la
sencilla razón de que un funcionario administrativo es monitoreado legalmente por
el organismo estatal que tiene la obligación de hacerlo para velar por los
ingresos de todos los ciudadanos del país?
Somos
una República, no una republiqueta.
Ojala
las urnas de agosto se vean desbordantes de votos populares en defensa de la
República.
Sólo
con más democracia nos liberaremos de los republicanos de opereta.
El Argentino, martes 2 de julio de
2013
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